Con la aprobación de la reforma energética que abre a las empresas extranjeras las grandes reservas petroleras de México se acaba de completar el cerco de privatizaciones y de neoliberalismo que desde 1994 comenzó a tejerse con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
México posee reservas probadas de crudo por 14 000 millones de barriles. En hidrocarburos de lutitas, las existencias de crudo aumentan otros 13 000 millones de barriles, y las de gas natural alcanzan 545 billones de pies cúbicos.
Para los analistas, la decisión del Senado mexicano de aprobar la reforma, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, es un fuerte golpe contra la soberanía de la nación y a la independencia económica del pueblo.
Las tenazas de presión, aplicadas para autorizar la entrada de capitales foráneos en las ramas del petróleo han sido muchas desde la aplicación del TLCAN, las que crecieron con la llegada al poder en 2000 del presidente Vicente Fox, bajo pretexto de atraer inversión extranjera y poder salir de la deuda acumulada por PEMEX.
En un referendo efectuado en 2008, tras otra propuesta realizada por el ex presidente Felipe Calderón, el pueblo azteca rechazó la medida por la abrumadora mayoría del 86 % y en ella participaron ciudadanos de Ciudad México, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Baja California Sur, San Luis Potosí, Veracruz, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala. Lo más significativo es que ahora, el Senado lo aprueba sin llevarlo a consulta nacional.
Las manifestaciones no se han hecho esperar, no solo contra los senadores sino también contra Peña Nieto pues el pueblo ha vivido en carne propia los sufrimientos padecidos desde la entrada en vigor del TLCAN. . Los datos son demoledores: de los 107 millones de habitantes mexicanos, 55 millones se encuentran en un deplorable estado de pobreza e insalubridad. Con el Tratado de Libre Comercio se acrecentó el control de la producción e importación de productos mexicanos por compañías norteamericanas en detrimento de los campesinos y del pueblo. El 86 % de las importaciones mexicanas provienen del Norte, mientras que el 70 % de sus exportaciones van hacia ese mercado, controladas en su mayoría por compañías estadounidenses y transnacionales que obtienen abundantes ganancias.
La quiebra del campesinado ha sido casi total y los núcleos familiares completos se trasladan hacia las ciudades para tratar de buscar algún sustento, lo cual es aprovechado por empresarios y comerciantes para explotarlos como mano de obra barata, mientras otros caen en las redes del narcotráfico y la prostitución.
Las presiones del poderoso vecino del Norte y de las transnacionales permitieron que, subrepticiamente, el capital privado comenzara a penetrar en esta empresa clave.
Datos publicados en la prensa azteca indican que en los últimos 12 años, las transnacionales tuvieron convenios con PEMEX por valor de 200 000 millones de dólares.
Uno de los últimos acuerdos por un monto de 175 millones de dólares se firmó con la Halliburton para perforar 27 pozos en el sur de la nación durante dos años.
Con artimañas y operaciones encubiertas de los últimos gobiernos se ha llegado al punto de que hoy se puede aseverar que PEMEX está prácticamente semi privatizada pues durante años se han ido entregando concesiones y contratos a compañías transnacionales extranjeras.
La aprobación de la reforma energética se asemeja a las ocurridas durante finales del siglo XIX y principios del XX cuando los presidentes Manuel González y el sucesor Porfirio Díaz, entregaron mediante una ley minera los depósitos de carbón y petróleo a quienes fueran dueños de la superficie.
El gobierno quedaba al margen de la propiedad bajo el argumento de alentar la producción interna de los nuevos combustibles.
Pero años más tarde, en marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas dio una vuelta completa a la situación al decretar la nacionalización de las reservas minerales y de combustibles.
Se expropiaron 17 empresas extranjeras: Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, (London Trust Oil-Shell), Mexican Petroleum Company of California (ahora Chevron-Texaco la segunda empresa global) con sus tres subsidiarias: Huasteca Petroleum Company, Tamiahua Petroleum Company, Tuxpan Petroleum Company; Pierce Oil Company, subsidiaria de Standard Oil Company (ahora Exxon-Mobil); Californian Standard Oil Co. de México; Compañía Petrolera Agwi, SA.
También la Penn Mex Fuel Oil Company (ahora Penzoil); Stanford y Compañía Sucrs. Richmond Petroleum Company of Mexico, ahora (ARCO); Compañía Exploradora de Petróleo la Imperial SA., Compañía de Gas y Combustible Imperio y Empresas; Mexican Sinclair Petroleum Corporation, sigue siendo Sinclair Oil; Consolidated Oil Companies of Mexico SA, Sabalo Transportation Company; y finalmente la Mexican Gulf Petroleum Company (luego llamada Gulf).
Las represalias contra el gobierno de Cárdenas no se hicieron esperar y el Reino Unido rompió relaciones diplomáticas con México, los Países Bajos y Estados Unidos decretaron un embargo comercial, y retiraron a todo su personal técnico.
La Tesorería de Estados Unidos dejó de adquirir petróleo y plata mexicana y dio toda su preferencia al petróleo de Venezuela.
Entre 1949 y 1951, Miguel Alemán entregó “contratos de riesgo” a empresas norteamericanas en un nuevo paso hacia la reprivatización petrolera los que fueron cancelados por otro texto constitucional de 1960 que puntualizaba, al tratarse al crudo, “no otorgar concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado”.
Pero Peña Nieto vuelve a dar un vuelco a la soberanía petrolera azteca al montarse en un ambicioso programa neoliberal y de privatizaciones.
De un plumazo se eliminó el artículo 27 de la Constitución que establece: “tratándose del petróleo...o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos.
El consultor y economista José Luís Apodaca Villareal, entrevistado por el diario La Jornada, significó que Pemex se mantiene como el quinto productor mundial de petróleo, y el quinto exportador, y las reservas se ubican en el decimotercer lugar mundial. Además, los costos de extracción son los más bajos: 6.84 dólares por barril frente a 7.55 de la rusa Statoil; 9.55 de la estadounidense Exxon o 13.62 de la brasileña Petrobras.
Innegablemente que la nueva reforma representa un festín para las compañías petroleras transnacionales que sacarán magnos dividendos. Habrá que ver si alguna parte del botín le llega a los más de 55 millones de pobres mexicanos.
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