No señores, no es Grecia ni España ni ningún otro de los países de la Unión Europea que han estado envueltos en una violenta crisis por la imposición de drásticas medidas neoliberales, sino que el caso ahora se ubica en el centro del Caribe, en Puerto Rico, una nación que responde al sugestivo nombre de Estado Libre Asociado (ELA) y que desde 1898 funciona como una colonia de Estados Unidos.
Aunque la palabra austericidio aparece como una de esas nuevas invenciones del léxico criollo, la definición popular significa que la austeridad aplicada a las políticas se estan convirtiendo en un verdadero sufrimiento y una amenaza de constante para la vida de la población con menor poder adquisitivo.
El Gobernador de la Isla, Alejandro García Padilla reconoció en una comparecencia televisiva el pasado 29 de junio que Puerto Rico no puede pagar los más de 73 000 millones de dólares de su abultada deuda pública y pidió a los habitantes “compartir el sacrificio”.
El gobierno federal estadounidense que dirige toda la vida política nacional e internacional de la Isla no ha previsto ningún rescate para Puerto Rico pese a su asfixia financiera, señaló el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
No obstante Earnest argumentó que continúan comprometidos
con Puerto Rico y sus líderes en la medida en que enfrentan sus graves desafíos fiscales y que la administración del presidente Barack Obama había creado una comisión especial interdepartamental para encarar los problemas, de manera similar a lo ocurrido cuando la ciudad de Detroit se vio obligada a suspender sus pagos en 2013. Como es lógico, la metrópolis no puede dejar abandonada a su colonia.
La situación es tan desesperante para los puertorriqueños que hasta un diario de ultraderecha y neoliberal como El Nuevo Herald enfatizó que “Las pruebas del caos financiero que envuelve a la isla son evidentes en un sinnúmero de sitios y aspectos: en los restaurantes y bares de la zona del Viejo San Juan que en otras épocas derrochaba prosperidad; en los negocios de toda la isla donde los dueños pasan gran parte del día tratando de que clientes decidan entrar; en las estadísticas que indican que la población se ha reducido en los últimos 10 años porque abandonan el país; y en la exasperación que dejan ver los que tienen que sobrevivir todas las dificultades”.
Para muchos de los 3 600 000 habitantes del país, que llevan luchando con la incertidumbre económica durante largos años, la vida se ha vuelto mucho más cara.
El anterior gobernante republicano Luis Fortuño, reconocido neoliberal que abogaba por la anexión plena de Puerto Rico a Estados Unidos, impuso en 2009, el ahorro de 2 000 millones de dólares en gastos públicos mediante la llamada Ley 7, la cual implicaba el despido masivo de más de 21 000 funcionarios y trabajadores y el perjuicio para sus familias.
Con el argumento de “hacer el gobierno más chico y que la empresa privada sea la que resuelva el problema”, Fortuño justificó los despidos en una nación cuya tasa de desempleo se ubicaba ya en ese año en 15,8 %
Pese a que los sindicatos del sector público organizaron por primera vez masivas manifestaciones en el ELA, las que en momentos logró unir a más de 100 000 ciudadanos, las quejas no dieron resultados porque cayeron en los oídos sordos de Fortuño.
Hace unos meses, el gobierno puertorriqueño contrató un equipo de expertos liderados por la ex economista jefe del Banco Mundial y ex directiva del Fondo Monetario Internacional, Anne Krueger para que evaluara el escenario real de la isla y sus conclusiones no son nada halagüeñas.
El informe resulta desolador pues puntualiza que la situación es insostenible y propone acelerar las medidas neoliberales que, lejos de ayudar, han llevado a la debacle al país.
Entre las recomendaciones se encuentran, recortar en 2 000 millones de dólares el gasto público anual hasta 2020 (lo que supone cerca del 20 % del presupuesto actual) y en 2 500 millones hasta 2025; sentarse a renegociar la deuda y reclamar a Washington que se exima a la isla de pagar el salario mínimo federal que es de 7.25 dólares la hora y que se le permita ampararse en la Ley de Quiebras.
También propone recortar prestaciones sociales, beneficios laborales y derechos adquiridos, facilitar el despido, cerrar escuelas y aumentar el coste de la universidad pública. En Puerto Rico sólo el 40% de la población adulta trabaja o busca trabajo (el resto no aporta o lo hace en la economía sumergida). La inversión ha caído un 10% y los activos bancarios en 30%.
Datos de Organizaciones No Gubernamentales indican que mientras el 72,6% de la población vive en precarios niveles de pobreza, dos millones de automóviles surcan sus carretera y más de 10 000 habitantes (la mitad jóvenes) son adictos a las drogas.
El gobernador García Padilla ya tiene en su portafolio varias medidas para “solventar” la situación: aumentar los impuestos a la venta de 7% a 11.5%, reducir en 11% los servicios de atención de salud Medicare y Mediciad para 2016, eliminar puestos de trabajo en empresas y la administración, y disminuir los pagos de jubilaciones.
Para José Rodríguez Báez, presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, aunque la deuda es impagable las medidas que propone emprender la gobernación, empobrecerán más a la isla. Y reafirmó, “se acerca una crisis, las cosas no van a mejorar y lo peor está por llegar”.
Incuestionablemente, el neoliberalismo no es la solución.
Aunque la palabra austericidio aparece como una de esas nuevas invenciones del léxico criollo, la definición popular significa que la austeridad aplicada a las políticas se estan convirtiendo en un verdadero sufrimiento y una amenaza de constante para la vida de la población con menor poder adquisitivo.
El Gobernador de la Isla, Alejandro García Padilla reconoció en una comparecencia televisiva el pasado 29 de junio que Puerto Rico no puede pagar los más de 73 000 millones de dólares de su abultada deuda pública y pidió a los habitantes “compartir el sacrificio”.
El gobierno federal estadounidense que dirige toda la vida política nacional e internacional de la Isla no ha previsto ningún rescate para Puerto Rico pese a su asfixia financiera, señaló el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
No obstante Earnest argumentó que continúan comprometidos
con Puerto Rico y sus líderes en la medida en que enfrentan sus graves desafíos fiscales y que la administración del presidente Barack Obama había creado una comisión especial interdepartamental para encarar los problemas, de manera similar a lo ocurrido cuando la ciudad de Detroit se vio obligada a suspender sus pagos en 2013. Como es lógico, la metrópolis no puede dejar abandonada a su colonia.
La situación es tan desesperante para los puertorriqueños que hasta un diario de ultraderecha y neoliberal como El Nuevo Herald enfatizó que “Las pruebas del caos financiero que envuelve a la isla son evidentes en un sinnúmero de sitios y aspectos: en los restaurantes y bares de la zona del Viejo San Juan que en otras épocas derrochaba prosperidad; en los negocios de toda la isla donde los dueños pasan gran parte del día tratando de que clientes decidan entrar; en las estadísticas que indican que la población se ha reducido en los últimos 10 años porque abandonan el país; y en la exasperación que dejan ver los que tienen que sobrevivir todas las dificultades”.
Para muchos de los 3 600 000 habitantes del país, que llevan luchando con la incertidumbre económica durante largos años, la vida se ha vuelto mucho más cara.
El anterior gobernante republicano Luis Fortuño, reconocido neoliberal que abogaba por la anexión plena de Puerto Rico a Estados Unidos, impuso en 2009, el ahorro de 2 000 millones de dólares en gastos públicos mediante la llamada Ley 7, la cual implicaba el despido masivo de más de 21 000 funcionarios y trabajadores y el perjuicio para sus familias.
Con el argumento de “hacer el gobierno más chico y que la empresa privada sea la que resuelva el problema”, Fortuño justificó los despidos en una nación cuya tasa de desempleo se ubicaba ya en ese año en 15,8 %
Pese a que los sindicatos del sector público organizaron por primera vez masivas manifestaciones en el ELA, las que en momentos logró unir a más de 100 000 ciudadanos, las quejas no dieron resultados porque cayeron en los oídos sordos de Fortuño.
Hace unos meses, el gobierno puertorriqueño contrató un equipo de expertos liderados por la ex economista jefe del Banco Mundial y ex directiva del Fondo Monetario Internacional, Anne Krueger para que evaluara el escenario real de la isla y sus conclusiones no son nada halagüeñas.
El informe resulta desolador pues puntualiza que la situación es insostenible y propone acelerar las medidas neoliberales que, lejos de ayudar, han llevado a la debacle al país.
Entre las recomendaciones se encuentran, recortar en 2 000 millones de dólares el gasto público anual hasta 2020 (lo que supone cerca del 20 % del presupuesto actual) y en 2 500 millones hasta 2025; sentarse a renegociar la deuda y reclamar a Washington que se exima a la isla de pagar el salario mínimo federal que es de 7.25 dólares la hora y que se le permita ampararse en la Ley de Quiebras.
También propone recortar prestaciones sociales, beneficios laborales y derechos adquiridos, facilitar el despido, cerrar escuelas y aumentar el coste de la universidad pública. En Puerto Rico sólo el 40% de la población adulta trabaja o busca trabajo (el resto no aporta o lo hace en la economía sumergida). La inversión ha caído un 10% y los activos bancarios en 30%.
Datos de Organizaciones No Gubernamentales indican que mientras el 72,6% de la población vive en precarios niveles de pobreza, dos millones de automóviles surcan sus carretera y más de 10 000 habitantes (la mitad jóvenes) son adictos a las drogas.
El gobernador García Padilla ya tiene en su portafolio varias medidas para “solventar” la situación: aumentar los impuestos a la venta de 7% a 11.5%, reducir en 11% los servicios de atención de salud Medicare y Mediciad para 2016, eliminar puestos de trabajo en empresas y la administración, y disminuir los pagos de jubilaciones.
Para José Rodríguez Báez, presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, aunque la deuda es impagable las medidas que propone emprender la gobernación, empobrecerán más a la isla. Y reafirmó, “se acerca una crisis, las cosas no van a mejorar y lo peor está por llegar”.
Incuestionablemente, el neoliberalismo no es la solución.
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| Foto Internet |
Por: Hedelberto López Blanch
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