Tras la visita del presidente Barack Obama a China para participar en la cumbre Asia-Pacífico (APEC) y visitar varios países del área, volvió a evidenciarse el interés de Estados Unidos por concluir la firma del acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) cuya aprobación podría cercenar las condiciones de vida de millones de ciudadanos de los países envueltos, mientras beneficiaría a los grandes monopolios y empresas transnacionales.
Las negociaciones del TPP comenzaron en 2006 entre Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, en 2008 se unieron Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam. En los últimos tres años se han efectuado numerosas reuniones en las que ha primado un secretismo extremo, con la finalidad de que los habitantes de esas naciones no conozcan sus verdaderos objetivos.
Durante la gira, Obama se esforzó por presionar a los restantes miembros para que concluyeran lo antes posible ese acuerdo comercial (con amplios vestigios políticos) que eliminaría los aranceles sobre los bienes y servicios, y cambiaría las regulaciones de mano de obra, contratación pública, empresas de propiedad estatal, propiedad intelectual y protección del medio ambiente.
Además, el Tratado representaría una amplia puerta de entrada para Washington y sus compañías transnacionales hacia las economías asiáticas, donde China representa un gran factor de competencia.
Sin embargo, cada día aparecen reticencias para concluir el acuerdo debido al destape por medios alternativos como Wikileaks o de diferentes instituciones, sobre el contenido de capítulos que hasta hace poco eran secretos. La opinión publica y hasta congresistas de esas naciones comienzan a tomar conciencia de la profundidad del asunto.
Resultan muy interesantes los comentarios realizados por la doctora Margaret Flowers, de la organización Médicos por un Programa Nacional de Salud, al referir que “aunque el TPP esta siendo llamado un acuerdo comercial, en cambio es una importante toma de poder por parte de las grandes corporaciones”
En declaraciones al Instituto para la Precisión Pública (Institute for Public Accuracy) agregó que "el texto incluye 29 capítulos, y solo cinco tratan sobre comercio. Los restantes se centran en los cambios que las empresas multinacionales no han sido capaces de aprobar en el Congreso, (de EE.UU.) como las restricciones a la privacidad en Internet, el aumento de la protección de patentes, un mayor acceso a los litigios y una mayor desregulación financiera".
Congresistas en Washington estan cautelosos y tienen miedo de que al concluirse el acuerdo, una nueva ola de compañías estadounidense abandonen el país para asentarse en otras naciones, lo cual provocará aumentos de desempleo y profundización de su caída económica.
En el entramado de anexos y adiciones a la ley que regirá el TPP, han trabajado 600 asesores de diversas corporaciones como las farmacéuticas, Monsanto (agroindustrial), Chevron (petrolera), Barrick Gold (minera), Cargill, Nestle (alimentos), casi todas agrupadas en la poderosa organización empresarial Council of the Americas-Americas Society, con sede en Nueva York.
Wikileaks descubrió tres importantes capítulos que afectarán enormemente la soberanía de las naciones que rubriquen el proyectado tratado: medio ambiente, inversiones y propiedad intelectual.
Observen como serán las ataduras: sobre medio ambiente y las inversiones, los Estados no tendrán ningún derecho a cuestionar el accionar de las empresas que se establezcan en sus territorios y se les brindarán facilidades para explotar la flora y la fauna.
Se estipula que no se les podrá imponer legislaciones estatales para el control de pesticidas, medidas de protección ecológica, seguridad alimentaria ni sanciones fiscales.
Las disposiciones permitirían a las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, demandar a los Estados ante tribunales internacionales por el entorpecimiento de sus negocios, supuestos daños a sus intereses por aplicar regulaciones o medidas de protección, y les permitiría recibir millonarias compensaciones de esos gobiernos con el consecuente deterioro económico para sus habitantes.
Recordemos que bajo el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) tres compañías agroindustriales de Estados Unidos impusieron querellas contra México para impedir compensaciones por la inundación en esa nación de productos de maíz subsidiados y por el desplazamiento de campesinos que se quedaron sin subsistencia.
De esa forma lograron que los contribuyentes mexicanos pagaran más de 160 millones de dólares a tres compañías: 33,5 millones a ADM/Tate & Lyle; 70,3 millones a Cargill y 58,3 millones a Corn Producers Int.
Son numerosos los casos en que las transnacionales, con la ayuda de los llamados tribunales para “resolver” litigios internacionales, impongan multas a los países en desarrollo, como la demanda que hizo Doe Run al Estado peruano por 800 millones de dólares, basado en el supuesto argumento de que ese gobierno ejercía un trato injusto al exigirle el cumplimiento de las normativas medioambientales en La Oroya, una de las zonas más contaminadas del mundo.
El referido a la propiedad intelectual, entre otras prerrogativas, ofrece a las transnacionales farmacéuticas ampliar sus exclusivas patentes, lo cual perjudica a millones de personas de las naciones miembros a acceder a medicamentos genéricos muchos más baratos. O sea, es un ataque directo contra cualquier política que intente ampliar los servicios públicos de salud.
En conclusiones, son muchos más los perjuicios que las ventajas que conlleva para la mayoría de los habitantes de esas naciones alcanzar la firma del Tratado Transpacífico de Asociación Económica. Hay que continuar divulgando y explicando su alcance para que las transnacionales y los países poderosos no cierren más el cerco económico y político mundial.
Las negociaciones del TPP comenzaron en 2006 entre Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, en 2008 se unieron Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam. En los últimos tres años se han efectuado numerosas reuniones en las que ha primado un secretismo extremo, con la finalidad de que los habitantes de esas naciones no conozcan sus verdaderos objetivos.
Durante la gira, Obama se esforzó por presionar a los restantes miembros para que concluyeran lo antes posible ese acuerdo comercial (con amplios vestigios políticos) que eliminaría los aranceles sobre los bienes y servicios, y cambiaría las regulaciones de mano de obra, contratación pública, empresas de propiedad estatal, propiedad intelectual y protección del medio ambiente.
Además, el Tratado representaría una amplia puerta de entrada para Washington y sus compañías transnacionales hacia las economías asiáticas, donde China representa un gran factor de competencia.
Sin embargo, cada día aparecen reticencias para concluir el acuerdo debido al destape por medios alternativos como Wikileaks o de diferentes instituciones, sobre el contenido de capítulos que hasta hace poco eran secretos. La opinión publica y hasta congresistas de esas naciones comienzan a tomar conciencia de la profundidad del asunto.
Resultan muy interesantes los comentarios realizados por la doctora Margaret Flowers, de la organización Médicos por un Programa Nacional de Salud, al referir que “aunque el TPP esta siendo llamado un acuerdo comercial, en cambio es una importante toma de poder por parte de las grandes corporaciones”
En declaraciones al Instituto para la Precisión Pública (Institute for Public Accuracy) agregó que "el texto incluye 29 capítulos, y solo cinco tratan sobre comercio. Los restantes se centran en los cambios que las empresas multinacionales no han sido capaces de aprobar en el Congreso, (de EE.UU.) como las restricciones a la privacidad en Internet, el aumento de la protección de patentes, un mayor acceso a los litigios y una mayor desregulación financiera".
Congresistas en Washington estan cautelosos y tienen miedo de que al concluirse el acuerdo, una nueva ola de compañías estadounidense abandonen el país para asentarse en otras naciones, lo cual provocará aumentos de desempleo y profundización de su caída económica.
En el entramado de anexos y adiciones a la ley que regirá el TPP, han trabajado 600 asesores de diversas corporaciones como las farmacéuticas, Monsanto (agroindustrial), Chevron (petrolera), Barrick Gold (minera), Cargill, Nestle (alimentos), casi todas agrupadas en la poderosa organización empresarial Council of the Americas-Americas Society, con sede en Nueva York.
Wikileaks descubrió tres importantes capítulos que afectarán enormemente la soberanía de las naciones que rubriquen el proyectado tratado: medio ambiente, inversiones y propiedad intelectual.
Observen como serán las ataduras: sobre medio ambiente y las inversiones, los Estados no tendrán ningún derecho a cuestionar el accionar de las empresas que se establezcan en sus territorios y se les brindarán facilidades para explotar la flora y la fauna.
Se estipula que no se les podrá imponer legislaciones estatales para el control de pesticidas, medidas de protección ecológica, seguridad alimentaria ni sanciones fiscales.
Las disposiciones permitirían a las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, demandar a los Estados ante tribunales internacionales por el entorpecimiento de sus negocios, supuestos daños a sus intereses por aplicar regulaciones o medidas de protección, y les permitiría recibir millonarias compensaciones de esos gobiernos con el consecuente deterioro económico para sus habitantes.
Recordemos que bajo el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) tres compañías agroindustriales de Estados Unidos impusieron querellas contra México para impedir compensaciones por la inundación en esa nación de productos de maíz subsidiados y por el desplazamiento de campesinos que se quedaron sin subsistencia.
De esa forma lograron que los contribuyentes mexicanos pagaran más de 160 millones de dólares a tres compañías: 33,5 millones a ADM/Tate & Lyle; 70,3 millones a Cargill y 58,3 millones a Corn Producers Int.
Son numerosos los casos en que las transnacionales, con la ayuda de los llamados tribunales para “resolver” litigios internacionales, impongan multas a los países en desarrollo, como la demanda que hizo Doe Run al Estado peruano por 800 millones de dólares, basado en el supuesto argumento de que ese gobierno ejercía un trato injusto al exigirle el cumplimiento de las normativas medioambientales en La Oroya, una de las zonas más contaminadas del mundo.
El referido a la propiedad intelectual, entre otras prerrogativas, ofrece a las transnacionales farmacéuticas ampliar sus exclusivas patentes, lo cual perjudica a millones de personas de las naciones miembros a acceder a medicamentos genéricos muchos más baratos. O sea, es un ataque directo contra cualquier política que intente ampliar los servicios públicos de salud.
En conclusiones, son muchos más los perjuicios que las ventajas que conlleva para la mayoría de los habitantes de esas naciones alcanzar la firma del Tratado Transpacífico de Asociación Económica. Hay que continuar divulgando y explicando su alcance para que las transnacionales y los países poderosos no cierren más el cerco económico y político mundial.
Por: Hedelberto López Blanch
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