Durante largos años y mediante amplia propaganda de los medios de comunicación occidentales dominados por el gran capital, se creó la imagen de que las inversiones de compañías transnacionales eran de enorme beneficio para los países y pueblos de América Latina y el Caribe.
Otro mito era que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en esos países estaba directamente relacionado con la satisfacción de las necesidades de los pueblos.
Pero en realidad, las políticas neoliberales impuestas en las últimas décadas en la región, que permitieron amplias dádivas, facilidades y un descontrol total de los gobiernos sobre esas compañías, abrieron las puertas para el saqueo de sus riquezas.
Innegablemente que las inversiones extranjeras son necesarias para el desarrollo pero deben realizarse con estricto control y sin permitir convenios leoninos en contra de la mayoría de la población.
Un informe de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señaló que los beneficios que esas empresas obtuvieron de sus operaciones en la región se multiplicaron por cinco y pasaron de 20 425 millones en 2002 a 113 067 millones en 2011.
De ese año hasta el 2014, las ganancias y extracción de capitales por las transnacionales aumentaron en algunos países de la región como México, Colombia y Perú gobiernos que continúan adoptando amplias políticas neoliberales, pero disminuyeron en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Argentina o Brasil que ejercieron mayores controles sobre sus riquezas nacionales.
La Cepal indica que esas empresas envían a sus casas matrices una proporción de sus utilidades superior (55 %) a la que reinvierten en los países de la región donde fueron generadas (45 %). Varias Organizaciones No Gubernamentales aseguran que extraen de los países hasta el 70 % de las ganancias y solo dejan unas migajas a los gobiernos.
El crecimiento tan marcado de estas utilidades, asegura el organismo regional, tiende a neutralizar el efecto positivo que produce el ingreso de la inversión extranjera directa sobre la balanza de pagos.
Recordemos que esa situación ha sido posible debido al control que a partir del siglo XX ejerció Estados Unidos sobre América Latina, a la cual le impuso gobiernos dóciles que otorgaban (algunos aún lo hacen), enormes territorios, exenciones tributarias, facilidades para las explotaciones mineras, de agua, de biodiversidad, a la par que se profundizaban las afectaciones al medio ambiente, la salud de los pobladores y se desprotegía a la fuerza laboral.
Solo en la década de 1990 y 2000 se deforestaron 467 000 kilómetros cuadrados en América Latina para destinarlos a la agroindustria, explotaciones mineras, plantas de celulosa o hidroeléctricas entre otras, y ya en 2005 la deforestación de la Amazonia brasileña era de unos 680 000 kilómetros cuadrados.
Numerosos han sido los desastres provocados al medio ambiente por las transnacionales y entre los países y las poblaciones que más lo han sufrido aparecen Guatemala, Honduras, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Brasil.
En el caso de estos dos últimos países, la estadounidense Chevron, ocasionó enormes desastres ecológicos por el derrame indiscriminado de petróleo y materiales contaminantes, y con la ayuda de tribunales internacionales controlados por el gran capital, la compañía se niegan a resarcir los daños.
Y es que cuando un país reclama compensación por las afectaciones, suspende permisos de exploración o explotación a las empresas mineras, estas acuden a tribunales internacionales donde son exoneradas o premiadas con millonarias multas que les imponen a los países demandados.
El especialista Manuel Pérez Rocha, coordinador de la No Gubernamental Red para la Justicia en la Inversión Global de Washington, señaló que acudir a tribunales como el Centro de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, “es un negocio redondo, porque finalmente las compañías sacan el dinero que ni siquiera llegaron a invertir”.
En cuanto al PBI, en muchas naciones su aumento no esta directamente relacionado con la satisfacción de las necesidades sociales de los habitantes los cuales padecen altos índices de pobreza y desprotección.
Claro que en eso influyen varios factores como son las políticas socio-económicas que esgrimen los diferentes Estados y gobiernos, la desigual distribución de las riquezas y la abundante extracción de ganancias por parte de las transnacionales.
El PBI se mide por el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un período de tiempo determinado, que generalmente abarca un trimestre o un año y se calcula según el precio de los factores o el precio de mercado.
Al calcular su crecimiento por el accionar de la producción de bienes y servicios, no se mide la satisfacción de las necesidades de la población, el nivel de bienestar ni la extracción de capitales que abandonan el país por medio de las compañías foráneas sin que sean reinvertidos nuevamente en la economía.
Solo dos ejemplos resultan esclarecedores. Perú ha crecido un 6 % en los últimos 10 años mientras el 10 % de la población adinerada es 50 veces más rica que el 20 % más pobre; cerca del 60 % de sus habitantes están catalogados como pobres; el 40 % carece de acceso al agua potable y el 70 % a los servicios sanitarios; uno de cada tres niños sufre desnutrición.
Otro caso es México que con crecimiento promedio de 3 % en la década pasada, más del 50 % de sus habitantes (58 millones) se hallan en estado de pobreza, sin poder acceder a los indispensables servicios sociales.
Esto ocurre mientras compañías transnacionales como Exxon, Chevron, Schlumberger, Halliburton, Petroleum Corp, Velvet Energy LTD y TLP Energy, extraen sus reservas petroleras e incrementan sus capitales.
Con estos pocos datos podemos analizar cuáles son los riesgos y los supuestos beneficios que ofrece el accionar de las transnacionales a los pueblos latinoamericanos.
Por: Hedelberto López Blanch
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