Colombia ¿paz con neoliberalismo?

El reelegido presidente colombiano Juan Manuel Santos logró derrotar en las últimas elecciones a su contrincante Oscar Iván Zuluaga, debido a que era la única opción posible de que en esa nación sudamericana se alcance una relativa paz después de 50 años de guerra.

Esa resultó la verdadera causa para que se alzara con una victoria sobre su contrincante, y declarado delfín del ex mandatario Álvaro Uribe, quien apostó todas las cartas a eliminar por medio de las armas a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que han demostrado tener capacidad, organización y potencia para rechazar las numerosas operaciones lanzadas contra ellos a lo largo de medio siglo. 

Pero la gran mayoría de la población colombiana espera no solo la llegada de la paz sino también la eliminación de las represiones a los movimientos obreros y campesinos; la ejecución de una verdadera política social que saque de la pobreza a millones de sus habitantes; la creación de empleos estables; la posibilidad de educación y atención médica gratuita para la gran mayoría desfavorecida. 

Y como muchos analistas y la propia población colombiana aseguran, será muy difícil alcanzar esas demandas con la implementación de medidas neoliberales y libre comercio que se han implementado en los últimos años. 

Memorables fueron las palabras del presidente Santos quien en una conferencia en la Casa Blanca junto a su homólogo Barack Obama significó que hacía dos décadas soñaba con la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), que por fin entró en vigor el 15 de mayo de 2012.

Si Santos soñaba con la firma del TLC, su antecesor Álvaro Uribe lo convirtió prácticamente en obsesión total para entregar en bandeja de plata, industrias, tierras y hasta la soberanía del país a las transnacionales y a su fiel aliado, Estados Unidos. 

Recordemos que Uribe, sus ministros y empresarios viajaron en múltiples ocasiones a Washington para convencer a los congresistas norteamericanos que se oponían al TLC (similar gestión realizó Santos) y con ese fin, Bogotá abrió el territorio colombiano a las tropas estadounidenses e impulsó las privatizaciones en amplios sectores de la economía. 

Con todas las facilidades se incrementaron las ventas de empresas de producción y servicios como las compañías eléctricas de Boyacán, Pereira, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Meta y Termocandelaria; grandes extensiones de terreno para la extracción de minerales y la agricultura extensiva; construcción de hidroeléctricas con las consecuentes afectaciones a los pobladores originales y al medio ambiente. 

En las oleadas de privatizaciones cayeron los Banco Popular y el Colpatria; las empresas inmobiliarias, servicios de agua potable, alcantarillado, la educación, salud y seguros. 

Las 1531 páginas que componen los documentos del TLC se dirigen directamente a desarticular la soberanía del país al convertirlo en Ley tutelada por lineamientos internacionales mediante el cual ningún organismo del Estado puede aprobar algo que contradiga ese texto. Solo Washington ostenta el derecho a realizar modificaciones a la ley con las consabidas ventajas a su favor. 

Para reforzar el cerco neoliberal del TLC, Colombia se comprometió dentro del acápite de la Propiedad Intelectual, a ceñirse por otros cuatro acuerdos internacionales que favorecen la penetración y libre accionar de las transnacionales estadounidenses en el país, sin tener que responder por reclamaciones ambientales, despidos laborales y violaciones de derechos humanos. 

A lo largo de 2013 y principios de 2014 ocurrieron en el país numerosas huelgas obreras y campesinas que reclamaban empleos; alto a los despidos; demandas de tierras y detener la competencia abismal que tienen los productores con respecto a las mercancías y productos importados. 

Las manifestaciones, marchas, plantones, bloqueos de carreteras por campesinos, productores agrarios y sectores solidarios fueron masivas y en la mayoría de los casos la represión militar y policial resultaron las formas utilizadas por el gobierno para sofocarlas. 

Dos hechos ocurrieron inmediatamente tras la victoria del reelegido presidente: primero, la visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden a Bogotá que según las informaciones fue a conocer sobre las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla, y recordarle a Santos la importancia de mantener las estrechas relaciones bilaterales. Como se desprende, el control es necesario para que las cosas no se salgan del cauce. 

Seguidamente, el flamante presidente viajó a Nayarit, México, donde participó en la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico, un bloque político-comercial, integrado por Chile, Perú, Colombia y México, cuya fundación tuvo lugar en abril de 2011 en Lima, Perú y se consolidó en la reunión de Chile en junio de 2012. 

A partir de ese momento, los gobiernos neoliberales de la región, bajo la orientación de Estados Unidos se han agrupado con el objetivo de debilitar la unión e integración Latinoamérica y por eso los analistas lo consideran como una forma de Washington de introducir una nueva versión del famoso Caballo de Troya. 

En la Cumbre de Nayarit, Santos volvió a llenar de loas a la organización y auguró un gran futuro para sus miembros. 

El presidente boliviano Evo Morales, refiriéndose a la Alianza del Pacífico, denunció durante la II Cumbre de la CELAC efectuada en enero en La Habana, que los servicios básicos como el agua y la energía no pueden ser un negocio privado para nuestros pueblos, pues son derechos fundamentales para el ser humano. 

En Colombia, el senador por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Robledo señaló que la Alianza y lo que emana de ella es un garrotazo al campo colombiano, terminará de arruinar el agro y la industria e incrementará el desempleo y el atraso productivo. 

En definitiva, se abre otra nueva etapa para el presidente Juan Manuel Santos en la cual no solo tendrá que lograr los acuerdos de paz con los movimientos guerrilleros sino también realizar mejoras sociales y económicas a favor de la mayoritaria población pobre del país, las que no se alcanzarán mediante políticas neoliberales.

Por: Hedelberto López Blanch

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Los picos cada vez más afilados

Ya que estamos en clima mundialista, la jugada a lo Messi del ministro de Economía fue neutralizada por la nueva intervención colonial de Griesa, jugador y árbitro de este partido. Cuando pensábamos que Griesa y sus buitres iban a hacer la gran Suárez, con un mordiscón a los fondos de los bonistas, tiraron la pelota fuera del estadio y el partido está en suspenso. No colocaron sus garras sobre los dólares, sino que ordenaron devolverlo. Un desprecio inusitado por parte del Juez Imperial. Una enloquecida reacción que enceguece toda racionalidad. Ahora dice que pagar es ilegal. Y después se molesta porque La Presidenta habla de extorsión. Como el tiro libre de Kicillof era imparable, apela a todas las trampas para poner a nuestro país al borde del default. Y abusa de todo su descomunal poder para proteger a los buitres como si fueran tiernos canarios. Si quedaba alguna duda de su alineación con los especuladores, este nuevo episodio las despeja a todas. Si podía pensarse en un atisbo de legalidad en el accionar de este magistrado, ya no hay ley que lo justifique.

No sería exagerado decir que, partir de este momento, todo lo que Griesa haga o diga será tomado como algo personal. Y si el Estado norteamericano no frena este desquicio, será responsable de un atropello a la soberanía de nuestro país. Y no sólo de eso, sino de desalentar toda negociación de deudas, además de horadar el prestigio de Nueva York como capital del sistema financiero mundial.

Nadie sabe qué va a pasar el lunes con los fondos depositados por el Gobierno, si serán devueltos o se entregarán a los bonistas. Como sea, el default no será nuestra culpa. Y es lo que advirtió Kicillof durante el anuncio oficial de esta maniobra: si la decisión soberana de honrar los compromisos de deuda se encuentra vulnerada es por la alineación de la justicia norteamericana con intereses minoritarios. Y en esto, las Autoridades del Imperio tienen mucha responsabilidad. Un juez distrital en retirada recibió la repulsa internacional por abusar de su aristocrático poder y las instancias judiciales superiores se lavaron las manos. Los trapos sucios que podemos encontrar en todos lados: las corporaciones económicas que se quieren apropiar del mundo con la complicidad de la corporación judicial. Y también, con la anuencia de los Jefes de Estado que, en lugar de proteger los intereses de sus pueblos, coquetean con los poderosos. El desafío de este siglo es contener –o desterrar- esta avidez responsable de una de las mayores catástrofes de la Humanidad: la extrema pobreza.

Aunque el apoyo a la posición argentina superó todas las expectativas, nada parece alterar la patricia decisión de Griesa. Organismos financieros, bloques multilaterales, presidentes, universidades, analistas económicos expresaron su solidaridad y condenaron el despiadado intento de los angurrientos. Envalentonado por semejante hinchada, el Gobierno Nacional colocó una tentadora carnada en el más eficaz de sus anzuelos para desenmascarar a los malintencionados carroñeros. El rostro feroz de los enemigos quedó al descubierto, mostrando todo su horror. Lo que parecía imposible, sucedió. Si la semana pasada muchos pensaban que La Presidenta y su equipo estaban en jaque, ahora no saben cómo disimular esta victoria parcial. Porque éste es un primer paso: lo que viene será mucho más interesante.

Nuestras luchas internas

Tanto allá como acá la clave está en la batalla cultural que se está dando a nivel global. La crisis económica, social y política que sacude a muchos países tiene su origen en la despiadada primacía del casino financiero, cuyos jugadores mueven sus fichas al impulso de su avaricia para multiplicarlas sin límite. Lo único que producen con sus inversiones es pobreza, inequidad y desamparo. Si el Poder Económico está conquistando el planeta es porque los otros poderes lo permiten, por torpeza, por temor o por complicidad. Juntos nos están conduciendo hacia la aniquilación.

Por supuesto, siempre hay espacio para la esperanza, aunque el panorama parezca desolador. La experiencia que hemos vivido en estos años de recuperación confirma que sólo el fortalecimiento de la Política puede poner en orden este caótico escenario. Pero no la política entendida como la estrategia de algunos individuos para enquistarse en un puesto y obtener algunas ventajas, protegiendo los privilegios de una minoría. Lo que hace falta es la proliferación de representantes que asuman el conflicto con los exponentes del establishment para defender los derechos de la mayoría. En pocas palabras, la Política gobernando al Poder Económico. Y el Poder Judicial, cuya cacareada independencia no es otra cosa que un escudo al servicio de la minoría, debe comprometerse a velar el cumplimiento de las leyes en beneficio de los menos favorecidos.

En esa lucha estamos. Cuando el secretario de Comercio, Augusto Costa, denuncia que los laboratorios incumplieron con el acuerdo de precios y amenaza con multas si no retrotraen los precios a principios de mayo, está dando cuenta de eso. O cuando los organismos de control laboral llevan a la justicia el caso de explotación laboral y servidumbre que involucra al presidente de la Sociedad Rural. O cuando la AFIP investiga los bienes de los ricachones en busca de posibles evasores o se instituye un impuesto a los bienes suntuarios. Estos y muchos más son episodios de la misma batalla, que debe llevarse a las últimas consecuencias. Esta vez no nos deben ganar, porque ellos nos quieren ver derrotados para poder gozar de sus descomunales fortunas. Ahora que están expuestos con su repugnante rostro, ya no hay máscara que nos engañe. No debemos dejar escapar esta oportunidad para volverlos más humanos y así poder vivir mucho mejor.

Por: Gustavo Rosa Apuntes discontinuos