Alianza Pacífico: caballo de Troya de Washington

Como el histórico y famoso Caballo de Troya, Washington ha logrado formar la llamada Alianza Pacifico con la intención de destruir la integración latinoamericana que ha tomado fuerza en los últimos años.

Estados Unidos que durante más de un siglo ha tenido a la América Latina como su patrio trasero al imponer gobiernos dóciles y extraer para su beneficio las grandes riquezas de la región, trata de impedir que esos países se unan con el objetivo de defender riquezas naturales, soberanías, e independencias económicas y políticas.

La Alianza Pacífico es un bloque político-comercial, integrado por gobiernos de derecha, cuya fundación tuvo lugar en abril de 2011 en Lima, Perú cuando era presidente Alan García, y se consolidó en la reunión de Chile en junio de 2012.

A partir de ese momento, l os gobiernos neoliberales de la región, bajo la orientación de Estados Unidos se han agrupando con el objetivo de debilitar la unión e integración real de Latinoamérica.

Durante la VIII Cumbre del grupo, efectuada el 11 de febrero pasado en Cartagena de Indias, los mandatarios Juan M. Santos, (Colombia); Ollanta Humala (Perú), Sebastián Piñera (Chile) y Enrique Peña Nieto (México), firmaron el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, que baja a cero los aranceles del comercio entre los socios, al 92 % de productos y servicios.

El 8 % restante, referido a productos agropecuarios, se bajaran progresivamente hasta cero en 17 años, entre ellos el maíz, mientras el único producto que de común acuerdo quedó fuera del trato fue el azúcar, como material sensible.

En esa reunión quedó oficializada la entrada al grupo de Costa Rica, nación que paradójicamente acaba de ser nombrada presidenta Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cuya última cumbre tuvo lugar, con gran éxito, en La Habana, Cuba.

Se estima que en un futuro cercano, el también gobierno neoliberal del presidente panameño Ricardo Martinelli, pase a formar parte de la agrupación.

Todos los analistas concuerdan en que desde la derrota sufrida por Estados Unidos durante la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina, donde los presidentes Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Luiz Inacio Lula da Silva, impidieron la creación del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), Washington ha buscado desesperadamente hallar otras vías para volver a dominar económica y políticamente a la región.

De esa forma, aceleró los Tratados de Libre Comercio (TLC) con gobiernos afines de derecha y orientó crear la Alianza Pacífico en la que Washington aparece como “observador permanente”. Como afirma el refrán, el ojo del amo, engorda al caballo.

Bajo esa circunstancia, la Alianza Pacífico es la versión más refinada, y finamente pensada, para resucitar el ALCA sin la participación directa de Estados Unidos, pues sus fieles aliados, con el apoyo de los medios de comunicación occidentales, se encargan de impulsarla.

El empujón va más allá de las fronteras. Durante la reunión, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llamó por teléfono al anfitrión Juan Manuel Santos para agradecerle la invitación como observador en el grupo y comunicarle que próximamente realizará visitas oficiales a Colombia y México. El círculo derechista se fortalece.

Todo esta ofensiva neoliberal ocurre cuando los países del sur del hemisferio americano han despertado de un largo letargo de sumisión a Estados Unidos y los vientos de integración e independencia genuina recorren la región.

En los últimos 12 años, surgieron organizaciones como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), PETROCARIBE, la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y se reforzó el Mercado del Sur (MERCOSUR).

En el pensamiento y accionar de la Casa Blanca y de las compañías transnacionales, esos cambios no se pueden permitir.

Recordemos palabras del ex secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, en 2005, y del actual jefe de ese Departamento, John Ferry, en 2013.

El primero dijo en la Cumbre de las Américas en Argentina: “nuestro objetivo con el ALCA es garantizar a las empresas norteamericanas el control de un territorio que va del polo Ártico hasta la Antártica, libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad, para nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio”.

Por su parte, Kerry expresó a los medios de prensa, hace solo unos meses, que Estados Unidos veía a Latinoamérica como su traspatio.

Bajo ese derrotero, los peligros de desestabilización provenientes desde Estados Unidos, se ciernen sobre los gobiernos progresistas y nacionalistas de la región como esta ocurriendo actualmente en Venezuela, principal impulsora de la integración latinoamericana.

Mientras los participantes en la Cumbre de Cartagena acordaron impulsar el intercambio de bienes y servicios y el libre comercio como metas prioritarias, no hablaron de la satisfacción de las necesidades básicas de sus pobladores ni la disminución de la pobreza que padecen muchos de sus ciudadanos.

Pese a los cantos de sirena que se oyen en los medios de comunicación occidentales a favor de la Alianza, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, la definió perfectamente: “parece estar puesta para bloquear esta mirada hermanada del continente, al haber nacido muy fuertemente vinculada a los intereses de Estados Unidos”.

Esperemos que gobiernos y pueblos progresistas de la región no se dejen arrebatar los logros obtenidos en la última década.

Por: Hedelberto López Blanch

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Los zarpazos de los ahogados

A la larga, le van a encontrar la vuelta. Tanto que lo intentan, lo pueden lograr. Si alguien sospecha que esto es paranoia, tal vez tenga razón. Es posible que la mirada alarmista sobre los hechos de Venezuela esté teñida por un corazoncito que todavía conserva latidos revolucionarios. Quizá los opositores que marchan por las calles incendiando autos y edificios públicos, con sus armas dispuestas a disparar a quien se cruce no tengan malas intenciones. En todo caso, destituir a un presidente elegido democráticamente y pedir su cabeza a los gritos no sea algo tan grave para las instituciones. O tal vez uno se confunde: que una cadena internacional de noticias pida a gritos un golpe de estado en un país latinoamericano no necesariamente vulnere la soberanía. Claro, para llegar a estas conclusiones es necesario consustanciarse con la mirada imperialista y justificar sus intromisiones cuando el curso de los hechos no satisface su avidez hegemónica. Lo hemos visto: jamás han escatimado recursos para torcer el rumbo de la historia. Bombas, atentados, conspiraciones son las herramientas a las que apelan cuando alguna nación pretende escapar de su sombra. Y entonces, no importa nada la vida, la democracia, la libertad ni los derechos. 

Porque como Ellos son los autores del discurso único que estamos intentando desterrar desde hace un tiempo, pueden acomodar las cosas a su antojo. Que Leopoldo López esté preso por intentar derrocar un presidente es un atropello propio de la peor de las dictaduras. Está clara la paradoja: para defender los privilegios de la minoría vale todo, pero para resguardar los derechos de la mayoría, hasta un suspiro hiere la susceptibilidad de los gringos. Si el líder opositor venezolano con poco respaldo en las urnas gozaba de la libertad para conspirar y alentar la violencia fue gracias a un indulto que el dictador Hugo Chávez le concedió después del fallido intento de golpe de 2002. Si la revuelta hubiera triunfado, sus promotores no habrían dudado en fusilar a los funcionarios chavistas o, al menos, dejarlos presos de por vida. 

Para la visión hegemónica de las cosas, cualquier recurso es válido a la hora de destruir intentos transformadores. Sus exponentes torturan, asesinan, censuran, saquean pero consideran como un atropello que un conspirador esté preso. Ellos llaman disenso convocar a una revuelta o pedir la cabeza de un mandatario. Ellos dicen que mentir, distorsionar o manipular es libertad de expresión. Ellos llaman “democrático” a cualquier gobierno que empobrezca a su pueblo en pos de intereses corporativos. Ellos catalogan como “violencia” la reacción de los que intentan escapar de la opresión. Observar estas cuestiones con claridad ayudará a frenar los intentos del Imperio por ordenar su patio trasero. Los países suramericanos con proyectos populares están en peligro porque el Norte quiere exportar su crisis. 

Para que esto no ocurra, es necesario estar atentos y neutralizarlos. Y, sobre todo, comprender de una vez por todas que no desean el bien de todos. Detrás de sus airadas denuncias y su disfraz republicano se esconden las peores intenciones. Si están desesperados es porque ven amenazados los privilegios que han gozado durante décadas. Acá, allá y acullá. Y el Imperio está muy atento porque el Sur se está transformando. La equidad que se está construyendo es la refutación del modelo neoliberal que han defendido todo este tiempo porque la libertad de mercado que defienden es la mejor manera de condenar a los pueblos a la pobreza. 

A civilizar la barbarie

 

Como cualquiera puede comprobar, lo que insume una década construir, puede destruirse de un plumazo. De nada valen los logros si una consigna agorera triunfa en la malversada opinión pública. Un candidato aséptico con buena prensa puede conquistar voluntades con promesas pueriles. Sólo basta asegurar que los cambios profundos se pueden hacer sin molestar a nadie. Aunque parezca tentador, eso es imposible. El conflicto es inevitable para transformar las cosas en serio. Para reducir la inequidad, es necesario que los que más tienen renuncien a algunos de sus cuantiosos privilegios. Para que la redistribución se convierta en realidad, hace falta que los más ricos resignen una mínima parte de sus ganancias. 

Y aunque en estos diez años han ganado como nunca, los grandes empresarios quieren todavía más. El desenfreno en su avaricia se pone en evidencia con los porcentajes con que remarcan los productos. Ningún negocio garantiza porcentajes de tres y hasta cuatro dígitos. Menos aún en la comercialización de alimentos. Un productor recibe 50 centavos por cada kilo de cebollas, pero en el supermercado se vende a más de seis pesos. Eso es un abuso, una estafa, un acto de piratería que debería castigarse. Uno de los resultados positivos del programa Precios Cuidados es que ha puesto en debate la tasa de ganancia de productores y comerciantes, sobre todo de aquellos que gozan de una posición dominante. Y esto, más que libertad de mercado, exige mayor regulación por parte del Estado. 

Por eso, ante las denuncias presentadas en la Secretaría de Comercio por incumplimiento del acuerdo, La Presidenta y su equipo ya se han puesto a analizar una serie de medidas para combatir la concentración y la posición dominante en distintos sectores de la economía. El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich señaló en estos días que “si la actitud de todos los sectores económicos fuera responsable y seria, no se generarían remarcaciones alevosas que exigen una intervención del Estado”. No son responsables ni serios, sino avaros, angurrientos, miserables. Tampoco son confiables, porque ni cumplen con un acuerdo firmado por ellos mismos. Con la impunidad que caracteriza al poderoso, se burlan de las autoridades y de los consumidores. 

En el Congreso, algunos legisladores ya están preparando algunos proyectos de ley para que las multas no sean frenadas por la servil protección que brindan algunos jueces. Otros están considerando la revisión de la ley de abastecimiento, para neutralizar una herramienta de especulación y desestabilización. En una semana, CFK inaugurará las sesiones ordinarias y quizá en su discurso, presente todas las iniciativas para dejar a estos conspiradores sin armas para alterar nuestra vida. A lo mejor incluye algún proyecto para limitar los porcentajes de ganancias o para impedir que con agregados mentirosos encarezcan los productos tradicionales. Como no se puede confiar en ellos, hay que limitar sus posibilidades tramposas. 

Algunos se escandalizan porque consideran que lo mejor para la economía es la libertad de mercado. Por eso llaman autoritario a todo gobierno que esboce algún intento de regulación, como si esa libertad fuera un derecho constitucional. No lo es, por supuesto: apenas significa una mirada sobre el mundo económico. Esa libertad es una hacedora de desigualdad; la única libertad que propaga la opresión. Asociar ‘libertad’ a ‘mercado’ debería estar prohibido en todas las constituciones. Y hay otra libertad sobre la que habría que debatir en profundidad. La libertad de expresión –patrimonio exclusivo de los medios dominantes- termina siendo libertinaje vociferante. También son peligrosos, destituyentes, atroces. Si no fuera por ellos, todo sería más fácil. Gracias a ellos, gobiernan los que nunca son votados. Pero los hechos demuestran que estamos en el buen camino y que ellos están equivocados. Por eso su desesperación. Por eso nuestra tranquilidad, la de la segura victoria, la del mejor futuro. 

Por: Gustavo Rosa.
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